EL SISTEMA ECONÓMICO CONSTITUCIONAL.
En cuanto al sistema económico constitucional propiamente dicho, éste se define formalmente como una economía social de mercado, basada en la libertad económica y la iniciativa privada pero, que en todo caso debe funcionar conforme a la justicia social y que, en consecuencia, requiere de la intervención del Estado. Esta relación constitucional entre mercado y justicia social resulta determinante al momento de elegir los principios básicos del sistema económico.
En este punto, siguiendo a Rawls, podríamos decir que constitucionalmente nos encontramos ante el enunciado de los valores que sustentan las estructuras básicas del orden socio-económico venezolano y que surgieron del momento original, es decir, de la Constituyente. Conviene mencionar que el listado de estos valores arranca precisamente del punto que nos ocupa de la justicia social y, que además de este principio mencionado son: Democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad, seguridad social y solidaridad.
En resumen, el sistema económico venezolano tiene como fundamento la libertad económica, la iniciativa privada y la libre competencia. Más, al lado de los particulares que intervienen en el orden económico, el texto constitucional establece una fuerte y marcada presencia del Estado en la economía, en tres papeles o roles fundamentales: Como promotor del desarrollo económico, como regulador de la actividad económica y como planificador de ésta, pero; en este caso previendo que en este último rol cuente con la participación civil.
Estos roles que hemos mencionado delimitan lo que puede denominarse el régimen constitucional de la intervención del Estado en la economía.
El Estado en su rol de promotor de la economía debe fomentar y ordenar ésta para asegurar su desarrollo. Esta obligación de promocionar el desarrollo (Artículo 29 C.R.B.V.) en definitiva persigue como finalidad última, la realización de la justa distribución de las riquezas. Al lado de esta finalidad tan importante, el texto constitucional a lo largo de su contenido dispone que bajo este mismo rol de promotor, al Estado le compete acometer otras políticas tales como:
- Promoción de la iniciativa privada (Artículo 112 C.R.B.V)
- Promoción de la agricultura para la seguridad alimentaria (Artículo 305 C.R.B.V.)
- Promoción de la industria (Artículo 302 C.R.B.V.)
- Promoción del desarrollo rural integral (Artículo 306 C.R.B.V.)
- Promoción de la pequeña y mediana industria (Artículo 308 C.R.B.V.)
- Promoción de la artesanía popular (Artículo 309 C.R.B.V.)
- Promoción del turismo (Artículo 310 C.R.B.V.)
En el rol del Estado como ente regulador, en líneas generales, el texto constitucional contiene una serie de dispositivos normativos, cuyos objetivos claramente definidos se encaminan a la protección por una parte, de los consumidores, al establecimiento de reglas del ejercicio de las libertades económicas por los particulares, y por la otra, a la debida tutela del interés público. Como ente regulador el Estado debe acometer las siguientes iniciativas:
- Prohibición de los monopolios (Artículo 97 C.R.B.V.)
- Establecimiento de un régimen de concesiones estatales (Artículo 113 C.R.B.V.)
- Régimen de protección a los consumidores (Artículo 117 C.R.B.V.)
- Régimen de política comercial (Artículo 301 C.R.B.V.)
- Régimen de los ilícitos económicos (Artículo 114 C.R.B.V.)
- Y por último en el rol del Estado como Planificador, en conjunción con la iniciativa privada, le corresponde formular una planificación estratégica, democrática y de consulta abierta (Artículo 112 y 299 C.R.B.V.).
Además de los tres roles antes mencionados, la Constitución reconoce y declara a un Estado Empresario, al admitir la creación de empresas estatales (Artículo 300 C.R.B.V.), la reserva estatal de la explotación de la industria petrolera (Artículo 302 C.R.B.V.) y al prever la posibilidad de que el Estado se reserve otras actividades de interés público o de carácter estratégico (Artículo 302 C.R.B.V.).
En cuanto a la gestión fiscal propiamente dicha, la Constitución también enuncia ciertos principios sustentadores de la misma (Artículo 311 C.R.B.V.) a saber: eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal.
EL PAPEL DEL ESTADO VENEZOLANO EN LA ECONOMÍA.
La idea de un Estado no interventor en la economía se ha establecido como principio neoliberal, pues bajo éste enfoque sólo debe centrarse en servir de regulador para que el mercado actúe "según el libre juego de la oferta y la demanda". Sin embargo, ha sido comprobado empíricamente que algunos mercados especialmente los de países menos desarrollados, no funcionan eficientemente (esquema demanda-oferta), por lo que necesitan de la intervención estadal para poder corregir los desequilibrios producto de las imperfecciones del mercado.
Muchas de esas imperfecciones del mercado se centran en los monopolios tanto de producción como de comercialización entre otros, originando en gran medida perjuicios para la sociedad en general. Incluso la doctrina neoliberal imperante sostiene que para que una economía progrese necesita de una pujante liberalización y nula intervención del Estado, así lo revelan las pautas para la intervención en las diferentes organizaciones multilaterales (OMC, FMI, TLCAN, ALCA en negociación).
Paradójicamente, existen muestras latentes de países que han conseguido ciertos niveles de desarrollo mediante la activa injerencia estadal. Por ejemplo, durante el siglo XIX algunos Estados tomaron un gran papel en el desenvolvimiento económico, tal es el caso de los EEUU, cuando el gobierno federal interpretó una disposición constitucional que le permitía regular el comercio entre los estados; además fijó sueldos mínimos; reguló el sistema financiero; promovió algunas industrias como la del telégrafo e incentivó otras como la agricultura, cosa que perdura de cierta forma en la actualidad, a través de algunos subsidios que rondan los 100 mil millones de dólares anuales.
Recientemente el llamado milagro asiático reveló que el papel del Estado era esencial, lejos de lo que en términos neoliberales se expresa. La experiencia asiática, no guiada completamente por normativas multilaterales, fue impulsada por la forma en que el Estado guió y perfiló al mercado. En el este asiático se combinaron las altas tasas de ahorro, las inversiones en educación y la política industrial (medidas orientadas a contribuir con determinados sectores productivos de la economía, principalmente el industrial, tomadas por el gobierno) dirigidas por el Estado. El desarrollo promovido por los Estados del Este Asiático fue resultado de una fuerte conciencia de la necesidad de la estabilidad económica y de la importancia del comercio. Las liberalizaciones comerciales se hicieron gradualmente después de haber generado todo un tejido socioeconómico que permitiera una apertura sin mayores consecuencias.
En la actualidad, en Venezuela se difunde por algunos medios masivos que el Estado "desea convertirse en empresario para desplazar y destruir al sector privado del país en sus funciones dentro del aparato productivo nacional", y esto es, según algunos "expertos", la razón de las medidas de control cambiario y de precios adoptadas por el Gobierno Bolivariano. Sin embargo, no se hace ninguna observancia al efecto dinamizador promovido por el Estado venezolano representado en el Ejecutivo nacional al sector de las pequeñas y medianas industrias (Pymis) a través de las compras gubernamentales; de la inserción de las comunidades organizadas en las actividades productivas mediante las cooperativas; de los convenios binacionales pautados con Colombia y Brasil; de la reactivación de la construcción; del desarrollo de varias vías ferroviarias (únicas en Latinoamérica); entre otras.
El Estado venezolano de hoy, signado por valores bolivarianos de integración, solidaridad e igualdad, no pretende destruir el aparato productivo nacional privado, por el contrario fomenta la capacidad productiva desde perspectivas integrales y sociales, tales como la del desarrollo establecida en la Constitución.
El Estado venezolano cumple un rol esencial al contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los venezolanos (as), además de regular el funcionamiento de un mercado que no corresponde a la transparencia en su funcionamiento, puesto que todos los agentes económicos no tienen el mismo peso dentro de la estructura productiva, lo cual se hace claro ante la influencia de las grandes comercializadoras que son intermediarias entre los productores primarios y los consumidores finales.
Lo que busca el Estado venezolano es, al igual que otros a nivel mundial, procurar las condiciones idóneas para que en su debido momento la economía y la sociedad en general estén preparadas para determinados cambios, principalmente los que imperan a escala planetaria (competitividad, liberalización amplia de mercados de capitales, bienes y servicios). De otra forma aumentaría la desigualdad y por ende de la pobreza.
SUSTENTABILIDAD DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN LA ACTUALIDAD.
Venezuela, de acuerdo a las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno, se encamina hacia la sustentación de un modelo económico que perdure por "los siglos de los siglos". Un sistema donde prevalezca el beneficio colectivo, con el rompimiento paulatino de la división social del trabajo, asegurando la planificación y las decisiones de producción por parte de los trabajadores en un ambiente dominado por la mayor igualdad entre todos, lo cual echará por tierra la lógica de la acumulación que es reproducida por el capitalismo en sus diferentes variantes.
Para la consecución de este objetivo se han tomado decisiones trascendentales que inciden en el desarrollo integral del país, tal es el caso de mudar la sede donde descansan parte de las reservas venezolanas en diferentes monedas de bancos estadounidenses a la banca Suiza, con el propósito de romper con las relaciones de dependencia que se establecieron con los Estados Unidos desde los años 40, con la aparición de las primeras refinerías de petróleo en el país. Igualmente importante es el hecho de desarrollar tanto la industria como la agroindustria, para asegurar la soberanía alimentaria de todos los ciudadanos venezolanos, al mismo tiempo que se promueve el desarrollo de las potencialidades de cada región, a lo que se ha llamado desarrollo endógeno, lo cual trae como beneficio que las personas generen actividad productiva y tengan en el trabajo un elemento integral en beneficio de sus condiciones socioeconómicas, en contra de la idea enajenante del trabajo asalariado con fines reproductores del consumismo y el capital.
Desde el estallido del pozo Zumaque en el Estado Zulia en 1914, el petróleo pasó a ser el principal generador de recursos para el país. Sin embargo, éste no era utilizado para satisfacer las necesidades más elementales del pueblo, lo cual benefició a un sector de la población que a cuestas de estos grandes recursos se constituyó en una nueva clase social: la burguesía; quienes controlaron más del 90 % de la economía. Todo este entramado perverso de enriquecimiento ilícito cambió con las nuevas políticas insertadas por el gobierno, dando preponderancia a la creación de programas sociales de diferente índole y propósito, llamados "misiones sociales". En todo caso, los recursos obtenidos producto de la extracción y refinación del petróleo pasaron a ser invertidos en mejorar las condiciones de vida del pueblo, en proveer de educación a todos los ciudadanos incrementando la cantidad de escuelas y la creación de nuevas universidades (Universidad Bolivariana de Venezuela).
EL SISTEMA TRIBUTARIO EN VENEZUELA.
Venezuela como unos de los principales países exportadores de petróleo obtenía sus ingresos de éste, por lo que no le había tomado real importancia a las tributaciones, considerándose como uno de los países con más baja carga impositiva.
Desde hace algunos años los ingresos provenientes de los recursos petroleros se hicieron insuficientes y cambiantes. Por lo que el Gobierno en los últimos periodos ha buscado otras formas de financiación que le sean más efectivas.
En este sentido, y desde hace algunos años, se inicio en nuestro país un esfuerzo de modernización del estado cuyo principal objetivo consistió en procurar soluciones a la grave crisis del sistema de las finanzas públicas.
La aplicación de la primera estrategia se inicio en el año 1989, con la propuesta de una administración para el Impuesto del Valor Agregado, que luego fue asumiendo paulatinamente el control de todos los tributos que conformaban el sistema impositivo nacional para ese momento.
A mediados de 1994, se estructura un programa de reforma tributaria, dentro de un esfuerzo de modernización de las finanzas públicas de los ingresos, que en Venezuela se denomino "sistema de gestión y control de las finanzas públicas" (SIGECOF), el cual fue estructurado con el apoyo del Banco Mundial, propiciando así a la actualización del marco legal y funcional de la Hacienda Pública Nacional.
Dentro de todos estos cambios que se fueron suscitando en Venezuela en el marco legal y funcional de la Hacienda Pública Nacional, también se considero importante dotar al estado de un servicio de formulación de políticas impositivas y de administración tributaria, cuya finalidad consistía en reducir drásticamente los elevados índices de evasión fiscal y consolidar un sistema de finanzas públicas, fundamentado básicamente en los impuestos derivados de la actividad productiva y menos dependiente del esquema rentista petrolero. Este cambio tan relevante se logro a través de la creación del Servicio Nacional Integrado de la Administración Tributaria (SENIAT). Conjuntamente a la creación del SENIAT, se adopto un sistema de contribuyentes especiales para atender y controlar a los contribuyentes de mayor relevancia fiscal, logrando de esta forma el control de, una parte importante de la recaudación mediante el uso de una menor cantidad de fondos, reorientando los recursos siempre escasos de nuestra administración hacia los contribuyentes con mayor potencial fiscal.
A partir de la reciente promulgación de la nueva constitución en Diciembre de 1999, el sistema tributario en Venezuela ocupa un lugar destacado en los presupuestos de la nación.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN VENEZUELA.
Partiendo de que toda sociedad se constituye con el objetivo de lograr un fin común, se establecen las normas que han de regir su funcionamiento conjuntamente con los organismos que sean necesarios para la realización de este fin colectivo. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela contiene los estatutos que rigen el funcionamiento del país, y el artículo 136 establece que: "toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos"
Para hacer efectiva esa contribución el estado recurre a los tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales)
El artículo 316 de la constitución Bolivariana de Venezuela expresa: "el sistema tributario procurara la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación de la calidad de vida de la población y se sustentara para ello en un sistema eficiente para la recaudación de tributos"
En aplicación de esta disposición constitucional, el sistema tributario establecerá la obligación de contribuir en atención a la capacidad económica del sujeto pasivo por lo que los tributos no pueden ser calculados sobre una base proporcional sino atendiendo al principio de progresividad, mecanismo que debe respetarse para que el estado pueda cumplir con la obligación de proteger la economía nacional y lograr un adecuado nivel de vida para el pueblo.